La quiebra del absolutismo y las revueltas e insurrecciones populares que se sucedieron desde octubre de 1833, casi sin interrupción durante diez años, no produjeron en Madrid un cambio radical de sociedad, aunque introdujeron al pueblo, por muy ambiguo y cambiante que fuera el concreto contenido social que tras este concepto se ocultaba en cada momento, como factor decisivo de las luchas políticas.

Lo fue ya en el giro de la reina gobernadora hacia los liberales durante el mismo mes de octubre de 1833, obligada por los gritos de una multitud que clamaba ante palacio: "Señora, quite Vuestra Majestad a Bermúdez".

También lo hizo en el desarme de los voluntarios realistas, conseguido no sin derramamiento de sangre; en la amnistía que permitió el retorno del exilio de afrancesados y liberales; en la subida de Mendizábal al poder, cuando sustituyó a Toreno, un mes después de una nueva insurrección de la milicia urbana.

Y continuó en el nuevo cambio de rumbo a consecuencia del motín de La Granja del 16 de agosto de 1836, cuando Borrow, que entraba por la Puerta del Sol al día siguiente, percibió que la multitud no estaba tranquila, hasta que, contenida durante un día por el general Quesada, estallará la revolución...

Hasta 1868, en efecto, esa mezcla de pequeños y medianos propietarios, artesanos, empleados, funcionarios, cesantes, trabajadores y jornaleros que constituirá durante un siglo el pueblo de Madrid, no dejará de salir a la calle, muchas veces con las armas en la mano si disponía de ellas, para intervenir con su presencia física en las luchas políticas.

Los movimientos populares que acompañaron y siguieron a la muerte de Fernando VII, las luchas en torno a la sucesión de la corona y las medidas de política hacendística adoptadas por los liberales respetaron las propiedades nobiliarias.

Sin embargo, acarrearon a la Iglesia un grave, casi definitivo quebranto en su poder sobre la ciudad, muy disminuido ya con las oleadas de desamortizaciones eclesiásticas de la primera década del siglo, que afectó a más de ochocientas fincas.

Pero ahora, en los años treinta, no es sólo la desamortización como operación hacendística, sino la rebelión popular contra el dominio de la ciudad por curas y frailes, de la que habrán de sacar buen partido los comerciantes adinerados, que introduce por vez primera un foso de separación entre la Iglesia y el pueblo madrileño.

Los conventos no fueron sólo saqueados por la multitud. En la jornada del 17 de julio de 1834 los mismos fueron confiscados por el Estado, - lo que en cualquier otro momento habría levantado un clamor general de apoyo a los mártires sacrificados - los frailes exclaustrados y la maraña de órdenes religiosas disuelta y sus bienes declarados en venta.

La Iglesia, presenciará impotente como disminuyen las filas de sus sacerdotes y religiosos y como se volatiliza en el aire la inmensa riqueza inmobiliaria de que era titular en la capital: 540 fincas desamortizadas entre 1836 y 1844 se añadieron a las 170 que lo habían sido durante el trienio liberal.

En total, desde 1800 hasta la desamortización de Madoz, en los años cincuenta, la Iglesia habrá perdido en Madrid alrededor de 1.600 fincas.

La desamortización eclesiástica, a la que sería preciso sumar la de instituciones benéficas regidas por órdenes religiosas, puso a disposición de la ciudad, que hacia 1830 contaba con 8.000 casas distribuidas en 540 manzanas, una considerable masa de suelo urbano con la que se pudo haber procedido a una reordenación profunda de la ciudad, pues aparte de su extensión, contaba, y mucho, su privilegiada ubicación.

La cuestión radicaba en que ese suelo estuvo disponible en una época de fuertes convulsiones sociales y gran inestabilidad política y dos o tres décadas antes de que se formasen capitales suficientes, para emprender obras de remodelación o de ensanche de grandes espacios.

En 1837, según los datos de Rafael Mas, "... las tres cuartas partes de los propietarios madrileños, entre los que se encontraban quienes por primera vez habían accedido a esa envidiada posición, por haber adquirido algún solar desamortizado, poseían una sola finca que se concebía como refugio de ahorros en época de mudanza más que como capital dispuesto a multiplicarse ante ilimitadas perspectivas de expansión".

La inmensa mayoría de los compradores de las fincas desamortizadas pretendía, ante todo, poner su dinero a buen recaudo, garantizar por medio del alquiler de la casa una vez edificada la percepción de rentas seguras hasta el fín de sus días y transmitir un saneado patrimonio a sus herederos.

Y esa actitud no definía sólo al pequeño propietario, al casero, que se acercaba cada domingo por su propiedad, con objeto de recaudar los alquileres, sino, por ejemplo, al "tan nombrado Maragato" Santiago Alonso Cordero, que pagó hasta 17 millones de reales por el magnífico solar que, a la entrada de Mayor, había dejado el demolido convento de San Felipe el Real.

No es posible decir, con menos palabras, que fijar la suerte del propietario y asegurar el futuro de la familia equivalía a contribuir al ornato de la ciudad y que la mejor manera de realizar tal contribucción consistía en edificar una casa de alquiler.

Afirmó así su presencia en Madrid - basada en la pequeña y mediana propiedad inmobiliaria - una clase media que había comprado suelo con ahorros procedentes del comercio o de la pequeña industria y que percibía, por su nueva condición de propietaria, una renta de apenas diez mil reales al año.

Tal clase media bloqueó con su mismo predominio cualquier posibilidad de pensar de otro modo el espacio urbano y proceder al planteamiento de la ciudad agresivamente burguesa del XIX, con sus grandes avenidas avanzando sobre los escombros de la vieja trama derruída, sus plazas en estrella, sus largas calles perfectamente alineadas y sus orgullosos y sólidos edificios de piedra.

Si en París, la antigua Corte dejó paso a la ciudad de la burguesía por excelencia, en Madrid, - donde la monarquía había vivido secularmente de espaldas a la ciudad - la nobleza y el clero fueron sustituidos no por burgueses opulentos y ansiosos de grandes perspectivas, sino por pequeños rentistas, por caseros.

Madrid, a partir de los años cuarenta del siglo XIX, se convirtió en una ciudad de caseros, fuente inagotable de cuadros costumbristas. De ahí, tal vez, la permanente insatisfacción que caractariza a toda la literatura madrileñista por el persistente y al parecer inevitable estado de cochambre y miseria de la ciudad.

Los paseos y las obras de embellecimiento y saneamiento, emprendidas en la segunda mitad del siglo XVIII, se habían paralizado por efecto de la guerra y después de que José I hubiera procedido a derribos considerables, no comprendidos por el vecindario madrileño, que mostró su hostilidad hacia el rey por los mismos.

José I mandó derruir todo el entorno del Palacio Real y las parroquias de Santiago y San Juan, San Miguel y San Martín, los templos de Atocha y San Jerónimo, o los conventos de Santa Ana y Santa Catalina para abrir calles y plazas y ensanchar la trama de la villa.

El deterioro de las reformas ilustradas, más los escombros acumulados por los derribos de Bonaparte y los destrozos de la guerra, conformaron un cuadro de abandono y desolación, del que la ciudad parecía incapaz de salir.

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