Las cosas sucedieron, sin embargo, de forma no prevista por la teoría, ya que los rebeldes eran tan sólo unos cuantos e indecisos mandos militares, mientras que el grueso del ejército y de las fuerzas de seguridad permanecieron, en Madrid, fieles a la República, a la que mantuvieron también su fidelidad los republicanos de clase media, burgueses a los ojos de los obreros.

Cuando la Casa del Pueblo y los partidos socialistas y comunistas emitieron, a poco de la rebelión, sus comunicados alertando a los trabajadores y pidiéndoles que no abandonaran la ciudad porque su presencia podía ser requerida para combatir al enemigo, a quienes señalaban como objetivo de la lucha no era al Estado republicano ni a las fuerzas que le apoyaban, sino a un enemigo común a la clase obrera y a la República burguesa.

Se produjo así lo imprevisto en una revolución proletaria aunque habitual en las tradicionales revoluciones populares madrileñas: que militares, guardias de asalto y hasta guardias civiles, fieles al gobierno legítimo, fuesen aplaudidos y vitoreados por el pueblo cuando se encaminaban a liquidar los focos de la rebelión.

Dispuestos a sumarse a la lucha, la gente, la clase obrera, los jóvenes, no pocas mujeres, se arremolinaron en las inmediaciones de los cuarteles para realizar lo que inútilmente habían intentado ya en octubre de 1934: recoger armas y fraternizar con los soldados y oficiales que abrazaran la causa del pueblo.

El pueblo de Madrid, que había proclamado la República en la calle, en las luminosas jornadas de abril de 1931, se disponía ahora, echándose de nuevo a la calle, a aplastar con las armas a los enemigos de aquella República.

La iniciativa de partidos y sindicatos de exigir armas para sus afiliados y las disposiciones tomadas por el nuevo gobierno republicano para sofocar, valiéndose de fuerzas leales, la rebelión, explican el conjunto de fenómenos sociales y políticos que conmocionaron la vida madrileña durante los últimos días de julio de 1936.

Fueron mandos militares los que se hicieron cargo de la distribución de armas y del primer y muy fluido encuadramiento de milicias; los que condujeron las columnas, rápidamente bautizadas con sus nombres y apellidos, como la célebre columna Mangada, a la sierra.

Pero la misma necesidad de armar a civiles prueba bien que los oficiales no disponían de la plenitud de los recursos humanos y materiales que habrían asegurado, con la defensa de la República contra la insurrección, el mantenimiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones del Estado.

Esta situación, en la que se mezclaban elementos de la legalidad republicana con milicias creadas espontáneamente e improvisadamente por la incorporación de efectivos que no siempre conocían el manejo de las armas, impregna de ambigüedad al momento político y social que atraviesa la capital y que no puede definirse ni como el de la pura y simple continuidad del orden constitucional republicano ni como el de la aparición de un doble poder, legal y revolucionario, tan característico de otras situaciones revolucionarias.

Pues en Madrid lo que surge en estos diez días no es un doble poder, sino la dispersión y atomización de poderes.

Hay lugares que todos respetan y que nadie ocupa, como la sede de la más alta magistratura del Estado. No se produjo en Madrid, ni en este momento, ni antes ni después, ningún asalto a ningún Palacio de Invierno; las turbas, por decirlo así, no ensuciaron con sus alpargatas las alfombras del Palacio Nacional ni tuvieron ocasión de contemplar sus Tiépolos

Tampoco se produjo el asalto a la sede emblemática del poder económico, el Banco de España, cuyas reservas en oro nadie pretendió incautar.

Como en abril de 1931 o en febrero de 1936, nadie intentará penetrar tampoco en la sede del Ministerio de la Gobernación, desde el que, creían los incautos, se mandaba en toda España; ni se toma el Palacio de Bellavista, donde radica el Ministerio de la Guerra, que es en verdad el Ministerio del Ejército.

Los dirigentes sindicales y políticos madrileños se encaminan, desde luego a esos edificios, pero no con el ánimo de expulsar de ellos a quienes los ocupan, sino para prestarles su apoyo, con el resultado añadido de aumentar la confusión.

Cierto: los manifestantes se habían concentrado desde la misma tarde del viernes, día 17, en ese eje de la vida madrileña que va desde Cibeles - Banco de España, Ministerio de la Guerra - pasando por la calle de Alcalá - Ministerio de Hacienda - y la Puerta del Sol - Ministerio de la Gobernación - hasta desembocar en la Plaza de Oriente, en el Palacio Real.

Pero no lo hicieron para derribar las puertas de ninguno de los edificios, sino para impedir, con sólo su presencia, esperando tranquilamente, durmiendo, echados contra las tapias, gritando "traición, traición" o "armas, armas", que se formase un gobierno dispuesto a pactar con los generales rebeldes y para exigir armamento a las legítimas autoridades de la República.

Pero esos mismos manifestantes, que ocupaban las calles desde la tarde del día 17 se dispersan, en la mañana del 19, cuando saben que el gobierno designado por el presidente de la República para intentar un acuerdo con los rebeldes renuncia a sus poderes antes de ejercerlos y es sustituido por otro, exclusivamente formado por republicanos dispuestos a defender la República, si es preciso distribuyendo armas a los partidos políticos y a los sindicatos obreros.

Si no se ha producido una revolución política en el sentido de una toma rápida y violenta del poder del Estado y la creación inmediata de un nuevo poder revolucionario, la gente o el pueblo de Madrid comienza a comportarse, sin embargo, como si la esperada revolución se hubiera ya realizado.

Tienen armas en las manos y no hay nadie capaz de mandarles, en razón de una jerarquía social o política establecida y aceptada. Esos eran dos de los contenidos básicos de la expectativa revolucionaria, tal como se había vivido en el pasado y como se había alimentado en las semanas anteriores a la rebelión. Habría un golpe militar, al que respondería en pueblo en armas, que anularía todas las jerarquías civiles.

Se esperaba, también, que de ese choque se derivase, casi al modo de un proceso natural y con el derrumbe de la sociedad capitalista, el hundimiento del aparato del Estado y el fin de todo poder político.

Pero como ese Estado y ese poder eran atacados por los militares rebeldes y los fascistas, y las autoridades republicanas habían permanecido en sus puestos haciéndoles frente con los escasos recursos disponibles, los trabajadores no sintieron especial urgencia en rematarlo.

En Madrid, como en Barcelona, la UGT socialista como la CNT anarco-sindicalista se condujeron de forma similar: lo importante era que sus afiliados, organizados en milicias, con correajes lucientes sobre los monos y las armas al brazo o en bandolera, permanecieran alerta, vigilantes, en la calle, prestos a la lucha. La cuestión del poder político, sobre la que además no estaban de acuerdo entre ellos mismos, podía esperar.

Lo que no esperó fue la formación de piquetes, de grupos de civiles armados, de milicias, de lo que se dio en llamar "pueblo en armas". Pero pueblo, que era ya un concepto sumamente volátil en las revoluciones del siglo XIX es ahora una voz demasiado vaga e imprecisa, incluso si se aplica a una ciudad todavía escasamente segmentada como Madrid.

Lo que en realidad estaba ocurriendo era que sindicatos y partidos procedían a encuadrar y armar a sus afiliados y simpatizantes, a formar milicias rápidamente bautizadas con nombres que recordaran su origen y su fidelidad. El "pueblo en armas" eran milicias obreras con gran variedad de pistolas, revólveres, fusiles, rifles, carabinas y algunas ametralladoras en las manos.

En su configuración interna, en su trama, como en su acción, reproducían la misma estructura de sus matrices originarias: eran sociedades obreras o sindicatos armados.

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